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Secuestros y violaciones a los derechos humanos de los migrantes

8 de julio de 2009

 

En las últimas semanas se han emitido dos documentos que llaman poderosamente la atención y dan cuenta de la gravedad de la situación de los derechos humanos de los migrantes en México. El primer documento titulado Quinto Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes en Tránsito por México, realizado por Belén Posada del Migrante, Humanidad Sin Fronteras, A.C. y Fronteras Con Justicia, A.C. denuncia que los migrantes además de sufrir despojos, extorsiones, maltrato físico, discriminación y violaciones en su tránsito por territorio mexicano, son crecientemente víctimas de las bandas de secuestradores.

Los secuestros ocurren principalmente en contra de migrantes centroamericanos, y se están llevando a cabo de forma sistemática por el crimen organizado. "Los Zetas" son señalados como los principales secuestradores en los municipios veracruzanos de Tierra Blanca, Orizaba y Coatzacoalcos, así como en los estados de Tlaxcala, Puebla y Estado de México. Estos secuestros están asociados a la trata de personas, abuso sexual, torturas físicas y psicológicas, acciones que causan un daño irreversible a la dignidad humana. En el peor de los casos, el resultado final es el asesinato. Asimismo, ha sido evidente la complicidad de las autoridades municipales, estatales y federales.

Aunado a esta importante denuncia, el informe destaca el seguimiento que estas asociaciones han dado a las violaciones de los derechos humanos de la población migrantes:

·         Operaciones de aseguramiento que realiza el Instituto Nacional de Migración (INAMI), en las cuales colocan retenes en las vías del ferrocarril, que es el  principal medio de transporte que utilizan los migrantes para atravesar el territorio nacional. Las operaciones provocan persecuciones en contra de los migrantes, quienes en su intento por evadir la detención, frecuentemente sufren accidentes graves. El informe señala, mediante un análisis de la Ley General de la Población, que estos operativos son ilegales.

·         Extorsiones por parte de guardias de seguridad privados, en específico de la empresa DISEPCO, encargados de la seguridad de la estación de tren en San Luis Potosí.

·         Abusos de las corporaciones policíacas municipales en contra de los migrantes, ya que se registran aseguramientos ilegales -aún cuando a esta instancia no le corresponda  llevar a cabo este tipo de operativos-, extorsiones en contra de los patrones de trabajadores migrantes y golpizas a éstos.

Ante estos tres eventos, el equipo de Humanidad Sin Fronteras ha actuado ante las instancias correspondientes - Comisiones Estatales de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Direcciones Estatales y Municipales de Seguridad Pública,  para denunciar y advertir que los hechos constituyen claramente violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Sin embargo, la respuesta general de dichas instituciones ha sido un rotundo silencio o negación de los hechos. Las corporaciones policíacas en la mayoría de los casos protegen a sus agentes. Igualmente los organismos encargados de velar por los derechos humanos han demostrado poca congruencia con sus objetivos, desechando las denuncias, alegando "falta de interés de los agraviados", cuando es claro que por su condición, los migrantes no permanecen por mucho tiempo en un mismo lugar.

Sin embargo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sí parece interesarse en esta grave situación, especialmente en lo referente a los secuestros. Dicho organismo elaboró el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Sobre los Casos de Secuestro en Contra de Migrantes.

El período de investigación del informe abarca de septiembre 2008 a febrero 2009. Los recursos que se utilizaron fueron expedientes de queja de la CNDH, entrevistas y testimonios personales aportados por los migrantes víctimas de secuestro por parte de personal de las Oficinas Regionales de la CNDH, testimonios recabados y proporcionados por la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano, testimonios recabados y proporcionados por los albergues y casas de migrantes que integran la Red para el Registro Nacional de Agresiones a Migrantes y medios de comunicación nacionales y regionales, mediante los cuales se obtuvieron los siguientes datos:

-    Aunque se advierte de una "cifra negra superior", se registraron 9,758 migrantes secuestrados en 198 eventos, es decir 33 al mes. Mediante estos datos se proyecta que al año ocurrirán 400 eventos de secuestros e implicaría a más de 18,000 víctimas

-    Generalmente el monto de rescate va de $1,500 a $5,000 dólares, lo cual arroja un promedio de $2,500 dólares por persona migrante secuestrada; considerando a los 9,758 migrantes secuestrados, esto supone una ganancia de aproximadamente $25 millones de dólares.

En cuanto a la nacionalidad de los agraviados, solamente se pudo especificar la nacionalidad de 552 agraviados: 372 de Honduras, 101 de El Salvador, 74 de Guatemala y 5 de Nicaragua. Asimismo de 609 víctimas, se pudo establecer que eran centroamericanos, aunque se obtuvo conocimiento que hubieron personas de Ecuador, Brasil, Chile, Costa Rica y Perú.

-    La incidencia de estos secuestros se registró principalmente en la zona sur con un 55% de las veces, mientras que en el norte fue de 11.8% y en el centro 1.2%; el resto no se pudo identificar pues los migrantes desconocen las regiones de México. Por estado, Veracruz y Tabasco concentraron un 55% (5,366) de los secuestros registrados, le siguen en número de migrantes secuestrados Tamaulipas, con 912; Puebla, 92; Oaxaca, 52; Sonora, 45; Chiapas, 42; Coahuila, 17; San Luis Potosí, 15; Estado de México, 6; Guanajuato, Nuevo León y Tlaxcala, 5 casos en cada uno; Chihuahua 2 y Distrito Federal 1.

-    9,195 de estos migrantes fueron secuestrados por bandas organizadas, 35 por autoridades, 56 por autoridades y delincuentes, y sólo en 6 casos por un solo secuestrador, mientras que del resto se desconoce. Los testimonios señalan la complicidad entre las autoridades mexicanas y delincuentes, lo que pone en evidencia la corrupción en las instituciones de gobierno.

-    Se registró que 5,723 migrantes fueron secuestrados por polleros, 3,000 por diversas bandas de secuestradores, 427 por probables "zetas" y 44 por "maras" .

-    De los secuestros detectados, la mayoría ocurrió en alguna parte de la infraestructura ferroviaria.

-    9 de cada 10 víctimas sufrieron amenazas de muerte en su contra, en contra de sus familiares, o ambas. Los testimonios coinciden en que los plagiarios utilizaban la violencia física para someterlos.

El informe señala también que existen diversos fundamentos y preceptos legales, tanto nacionales como internacionales, que protegen los derechos humanos, la libertad y penalizan este delito, sin embargo los migrantes desconocen en que términos pueden tomar acciones al respecto. En la práctica el acceso a la justicia en México está condicionado, pues los migrantes corren el riesgo de ser deportados por haberse internado ilegalmente.

Además de este riesgo, existe desconfianza hacia los funcionarios gubernamentales derivada de la relación entre éstos y los secuestradores. Igualmente se subraya  que la actuación de las autoridades competentes en la materia no ha correspondido a la gravedad y frecuencia del delito.

De acuerdo a Mauricio Farah, quinto visitador de la CNDH, frecuentemente se observan casos en los que se detienen tanto a migrantes como a traficantes. Los migrantes son deportados inmediatamente, sin que puedan presentar denuncia alguna contra estos traficantes, por lo que estos últimos quedan sin que se les ratifique el delito en su contra.

Farah incluso ha tachado a la autoridad de "administrador del delito" y ha declarado que el gobierno mexicano no ha reaccionado ante la gravedad de este informe, puesto que no se ha dado a conocer acciones del mismo nivel por parte de las autoridades, y por el contrario, sigue existiendo impunidad al respecto.

La incompetencia, falta de interés y corrupción de algunos funcionarios de instituciones mexicanas se ha hecho notar. Como muestra está el caso reportado el pasado mes de junio, sobre el ahora ex delegado del INM en Yucatán, Hernán Vega Burgos acusado de lenocinio y trata de personas. La denuncia fue interpuesta por dos mujeres de origen costarricense. De las primeras investigaciones de la procuraduría estatal,  se desprenden indicios de que el caso está relacionado con la delincuencia organizada, y tal vez pudiera confirmarse el establecimiento de una red de prostitución que operaba desde Yucatán hasta Costa Rica.

Fuera del "escándalo" el suceso no ha tenido mayores efectos; la Comisión Permanente del Congreso de la Unión había aprobado citar a la titular del INAMI, Cecilia Romero, para comparecer e informar sobre los actos de corrupción en los que se ha envuelto algunos de los agentes del instituto, sin embargo un día después, la comisión retiró el dictamen debido a la falta de firmas de los legisladores integrantes de la misma.

Recientemente se dio a conocer que en lo que va de este sexenio, alrededor de 280 servidores públicos del INAMI han sido suspendidos o cesados por corrupción. Este acto tiene como objetivo depurar y profesionalizar a los funcionarios, ya que es una prioridad del gobierno atender al fenómeno migratorio.

Las  autoridades y legisladores tienen la obligación de dar prioridad a la protección de los inmigrantes en territorio mexicano. La crisis de confianza hacia las autoridades, así como la corrupción que afecta a los ciudadanos mexicanos, alcanzan a los extranjeros y en un grado mayor a aquellos que por su nivel de educación desconocen las herramientas para defenderse legalmente.

Con la colaboración de Odette Solís

 

 

Fuentes consultadas:

 

Carlos Marí. Critican desaire a reporte migratorio, Grupo Reforma, (03/07/09)
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx

 

Informe Especial De La Comisión Nacional De Los Derechos Humanos Sobre Los Casos De Secuestros En Contra De Migrantes, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, junio 2009:
http://www.cndh.org.mx/INFORMES/Especiales/infEspSecMigra.pdf

 

Jorge Ramos y Ricardo Flores. Frenan comparecencia de la titular del INM, El Universal, 24/06/09, en:
http://www.eluniversal.com.mx/notas/607073.html

 

Quinto Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes en Tránsito por México, Belén, Posada del Migrante, Humanidad Sin Fronteras, A.C., Frontera Con Justicia, A.C., Mayo de 2009, en:
http://www.sinfronteras.org.mx/attachments/287_Quinto%20Informe%20Sobre%20la%20Situación%20de%20los%20Derechosos%20de%20las%20Personas%20Migrantes%20en%20Tránsito%20por%20México.pdf

 

Silvia Otero. Suman 280 cesados del INM por corrupción, El Universal, 24/06/09, en:
http://www.el-universal.com.mx/notas/607121.html

 

Silvia Garduño, Acusa CNDH de ‘blindaje' a secuestradores, Grupo Reforma, 12/07/09)
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx

 

Yazmín Rodríguez. Investigan posible red de prostitución en INM, El Universal, 13/06/09, en:
http://www.eluniversal.com.mx/notas/604593.html

 

Yazmín Rodríguez y Gerardo Mejía. Delegado de INM dimite y se ampara, El Universal, 12/06/09, en:
http://www.eluniversal.com.mx/estados/72146.html

 

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